La adicción al poder

Parece que lo único malo de ser Presidente es dejar de serlo. En la tentación de repetir en el cargo caen por igual demócratas y autócratas, sean de derecha, de izquierda, de centro o de algún extremo, tanto si el sistema es presidencial, semipresidencial, parlamentario o dictatorial. La ambición de poder no queda satisfecha con la primera experiencia, ni siquiera cuando el miedo o la culpa los obliga a renunciar (Fujimori), o cuando se van, rayando en el fracaso (Alan García), y mucho menos si terminan su gestión con un elevado porcentaje de popularidad (Bachelet). Una vez que traspasan el gobierno y recuperan la condición original de ciudadano, sin otra investidura que el gentilicio, no logran ubicarse en la realidad, a pesar de que la mayoría de ellos casi siempre conserva algunos privilegios.

El poder es adictivo, mucho más que el dinero, y quien tiene el poder político asume implícitamente todo lo que éste le permite abarcar, inclusive aquello que excede los límites de dicho poder. De repente, discernir entre el bien y el mal pierde importancia. La constitución se convierte en un instrumento de aplicación selectiva, pues los detentadores del poder se sustraen de ella con impúdica facilidad. Obnubilados por la mayoría que los votó y, en ocasiones, por el apoyo incondicional de sus electores, se consideran infalibles e invulnerables, se atribuyen cualidades de las que carecen y potestades que no les han sido conferidas.

En los países cuyo texto constitucional permite la reelección continua hasta por un periodo más, los mandatarios dan por hecho el triunfo (Cristina Kirchner, Evo Morales, Rafael Correa), en aquellos donde se estipula la reelección alterna, los expresidentes aguardan, impacientes, el próximo chance (Caldera, CAP), y en esos otros donde la constitución se ha reformado expresamente para hacer la reelección consecutiva e indefinida, los dictadores se valen de todo con tal de no entregar jamás (Fidel Castro, Hugo Chávez).

Nosotros, ciudadanos de a pie, empoderados, relativamente, por el derecho al sufragio, tenemos que hacer un gran esfuerzo para imaginar la sensación de invencibilidad que debe producir ser reelegido, por las buenas o por las malas, una y otra vez hasta que la incapacidad o la muerte se impongan.

Quienes pensamos que la reelección es un vicio terrible que debe ser completamente erradicado por el bien de la Democracia, tenemos la responsabilidad cívica de proponer y defender, en todos los sectores de nuestra sociedad, la detentación y el ejercicio del poder por un solo y único periodo constitucional. La experiencia de casi quince años bajo un régimen autoritario, militarista y hegemónico, tiene que servirnos para comprender en profundidad cómo la ambición desmedida de poder de unos pocos representa para la mayoría de los ciudadanos la pérdida irreparable de nuestros derechos, libertades, oportunidades y hasta de la vida.

Revolución de librito

 

Esta gente va de librito, repitiendo viejos eslóganes, trastabillando una y otra vez sobre los adoquines del pasado, levantando el puño de cadáveres insepultos, abriendo zanjas en medio de la calle para que nadie cambie de acera, rompiendo huesos, propagando la inquina, purgando los espacios. Llevan las consignas del odio tatuadas en la frente, una franja ceñuda donde entran, más que holgadas, unas pocas ideas que ni siquiera son suyas, porque han olvidado cómo se piensa, han desechado el conocimiento y se han conformado con memorizar algunos adjetivos que sueltan en retahíla, eufóricos y desencajados, sin orden ni concierto, en una perorata tan pobre e incoherente que da vergüenza ajena. 

Van de librito, al pie de la letra. Lo que hemos visto hasta ahora proviene del recetario marxista-leninista. ¿Cómo se resuelven los problemas puntuales de la sociedad? Está en el librito. Por ejemplo, para el problema de la escasez de viviendas, Engels tiene la solución al pelo: “Esto sólo puede lograrse expropiando a los actuales poseedores y alojando en sus casas a los obreros que carecen de vivienda o que viven hacinados”. ¿Cómo se hace la revolución? Según Marx, “el Estado es un órgano de dominación y de opresión de una clase por otra”, y dado que el Estado es una creatura de la clase dominante, hay que revertir su poder de modo que sean los proletarios quienes dominen y opriman a los burgueses. Según Lenin, “la sustitución del Estado burgués por el Estado proletario es imposible sin una revolución violenta”. ¿Recuerdan aquello de que la revolución es pacífica, pero está armada? La violencia revolucionaria arremete contra nuestro pueblo prácticamente desde el principio del régimen chavista, y ahora, en la etapa del madurismo espurio, se afinca sobre sus puños para aplastar el disenso y la protesta. La trifulca en la Asamblea Nacional fue apenas un abreboca -o un rompeboca, como prefiera-.

No basta con destruir las instituciones y alinear en la fila de los revolucionarios a todos los órganos del Poder Público. Hay que abolir el parlamentarismo y sustituirlo por las “comunas”, porque según Lenin, “en los parlamentos no se hace más que charlar, con la finalidad especial de embaucar al vulgo”. Siguiendo a Marx, el calvo momificado afirma que “la Comuna sustituye el parlamentarismo venal y podrido de la sociedad burguesa” y propone la desaparición del parlamentarismo “como división del trabajo legislativo… y como situación privilegiada para los diputados”.

¿Y la democracia? Lenin tiene la alternativa ideal: “Democracia para la mayoría gigantesca del pueblo y represión por la fuerza, o sea, exclusión de la democracia para los explotadores, para los opresores del pueblo: he ahí la modificación que sufrirá la democracia en la transición del capitalismo al comunismo”. Por si no quedara suficientemente claro, el propio Lenin admite que “es evidente que allí donde hay represión hay violencia, no hay libertad ni democracia”. Son éstas sus palabras, no las mías. Ya ve usted, todo está en el librito, incluso las contradicciones e incoherencias de una revolución -llámese bolchevique, cubana, china o bolivariana- que es siempre un revoltijo de pasiones, intereses y puñetazos.

Extremistas en la cuerda floja

El nuevo régimen, además de ilegítimo, actúa fuera de la Constitución y de las leyes, emplea métodos fascistas y se comporta de manera brutal. Arremete contra la oposición con todo el poder del Estado, desde los órganos del Poder Público hasta la Fuerza Armada Nacional, cual si cada uno de éstos perteneciera a una fracción del país y no a toda la Nación. En apenas quince días se han desatado los demonios que hibernaron durante casi quince años en las vísceras de los individuos más irracionales del chavismo, que ahora en desbandada persiguen, hostigan, amenazan, excluyen y atacan con odio y saña a quienes consideran enemigos, es decir, a más de la mitad de los venezolanos. No cabe duda de que lo hacen impulsados por el miedo a perder sus privilegios y la oportunidad de seguir incrementando sus fortunas a expensas de los recursos del Estado. El socialismo es la mampara de su interés mercantilista y de su desmedida ambición de poder. 

Un hecho puntual es el acoso sistemático, público y notorio por parte de algunos funcionarios del Estado a los empleados públicos de quienes se sospecha que votaron por el candidato de la oposición Henrique Capriles. No parece importarles que es un crimen de lesa humanidad la “persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos” (Art.7.1.h. del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional).

El carácter extremista de las posiciones del funcionariado se muestra sin tapujos sobre la cuerda floja donde hacen sus maromas el Presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello: “Como hay personas que no quieren reconocer al compañero Nicolás Maduro como Presidente de este país, en esta Asamblea Nacional, mientras yo sea Presidente, no tendrá derecho de palabra ningún diputado que no reconozca al compañero Nicolás Maduro”; el Ministro de Vivienda y Habitat, Ricarlo Molina: “Me importa en lo absoluto lo que dicen las normas laborales”; las rectoras del Consejo Nacional Electoral, Sandra Oblitas: “Para el CNE el evento electoral culminó. No hay auditoría que cambie los resultados electorales”, y Tibisay Lucena: “Es imposible aprobar la solicitud [hecha por Capriles] en los términos planteados”; y hasta la Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estela Morales, que sin haber recibido aún ninguna acción ni recurso, declara por anticipado que: “En Venezuela, el sistema electoral es absolutamente sistematizado, de modo, pues, que el conteo manual no existe, se ha engañado a aquellas personas que han pensado que realmente esto podía realmente producirse”.

Esa cuerda ha de romperse más temprano que tarde, si no por el peso de las tremebundas acciones y omisiones del régimen espurio, sí por la presión de nuestras protestas pacíficas, de nuestras denuncias contra las violaciones de los derechos humanos, de nuestra oposición contundente y firme a sus decisiones arbitrarias y a sus tácticas fascistas de criminalización de nuestros derechos a manifestar, a pensar, a expresarnos, a elegir y a disentir libremente.

Los opositores sabemos muy bien qué podemos esperar y qué no de las instituciones del Estado, desde hace casi quince años al servicio exclusivo de una revolución que las ha puesto de rodillas ante el poder omnímodo, antes de Hugo Chávez, ahora de unos cuantos oportunistas detrás de la figura de un presidente cuya legitimidad es dudosa y cuya capacidad es más que cuestionable. También sabemos qué esperar y qué no de la comunidad internacional, en la que se sientan a la misma mesa demócratas y dictadores, todos más interesados en hacer negocios que en defender los principios democráticos.  

Los opositores somos militantes de la Democracia. Que seamos pacientes no significa que estemos conformes con cuanto sucede; que seamos pacíficos no significa que estemos pasivos en medio de este caos político-institucional. Los opositores, a diferencia de los oficialistas, respetamos la Constitución, acatamos las leyes y nos servimos de ellas para invocar nuestros derechos, defender nuestra causa por la Libertad y exigir justicia. Será con estas herramientas con las que romperemos la cuerda floja de la impunidad.

La intransigencia del Poder Electoral

La institucionalidad de un país depende fundamentalmente del vigor de su Constitución y de sus leyes. Sin estos instrumentos no existe la menor posibilidad de gobernar legítimamente dentro de ciertos límites, ni de lograr que los ciudadanos conozcan el modo de ver garantizados sus derechos y de asumir la responsabilidad de su conducta cívica.

Un Estado queda al margen del Derecho y de la Justicia desde el momento en que quienes detentan el poder político degradan la Constitución, desconociéndola como norma fundamental reguladora del ejercicio de su autoridad. Muta, entonces, inevitablemente, a un Estado anómico en el que los órganos del Poder Público incrementan su poder a medida que se exceden en sus funciones y manipulan las leyes según la conveniencia de los fines que persiguen. El comportamiento de la sociedad frente a este tipo de situaciones es lo que, en definitiva, determina el triunfo o el fracaso de tales acciones. Sin embargo, siendo la sociedad un ente heterogéneo conformado por diversos sectores con creencias, opiniones, problemas e intereses distintos, los liderazgos sociales y políticos constituyen el elemento primordial para la canalización y satisfacción de todos esos factores.

En estos casos, una cualidad necesaria en el liderazgo político es la coherencia del discurso y el respeto por los derechos y las expectativas de los ciudadanos, por los principios constitucionales y por los procedimientos establecidos en las leyes para resolver conflictos como el que ha surgido a raíz de la elección presidencial del 14 de abril.

Henrique Capriles, líder de la oposición, ha sido coherente e insistente en su requerimiento de una verificación ciudadana de los resultados electorales. Porque existe una duda acerca de éstos, porque el margen de diferencia es apenas del 1,83%, porque el Rector Vicente Díaz tuvo razones para sugerirla, porque las demás rectoras no estuvieron de acuerdo con su colega, porque 54% no es igual a 100%, porque el país no quedó convencido de la veracidad de dichos resultados.

 La solicitud ha desatado reacciones imprudentes en las rectoras del Consejo Nacional Electoral. En conjunto o por separado, sus declaraciones abundan en tecnicismos que lejos de ajustarse a lo que establece la legislación electoral, se encuadran en una interpretación voluntarista de la Ley. Actitudes cerradas e intransigentes como estas son las que nos hacen dudar de la imparcialidad y transparencia del árbitro electoral, y hay sobradas razones para cuestionar sus argumentos, puesto que carecen de fundamento jurídico. Además, la proclamación y juramentación precipitadas de Nicolás Maduro como Presidente de la República ha conseguido alimentar las sospechas de nuevos vicios sobre un proceso electoral plagado de irregularidades. 

El Poder Electoral se ha erigido como un muro contra el que rebotan, una y otra vez, la voz y el voto de la mayoría de la sociedad venezolana. Aduciendo la “irreversibilidad” de los resultados electorales, pretenden desconocer nuestro derecho a exigir que se cuente la totalidad de los votos, y tratan de evadir su obligación y responsabilidad remitiendo a los solicitantes (que somos la mayoría del país) a impugnar las elecciones por ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, cuya Magistrada Presidente se pronunció indebidamente por anticipado.

La importancia de la verificación ciudadana consiste nada menos que en otorgar la legitimidad necesaria al candidato que resulte favorecido por la mayoría de los votos para asumir la Presidencia de la República.

Al borde de la ingobernabilidad

No recuerdo cuándo fue el último momento de paz que vivimos en Venezuela. Desde 1999 nuestra rutina se caracteriza por lo que se nos quita o por lo que perdemos, ya sea la paz, las libertades, la vida o las elecciones.

Ahora se nos quiere arrebatar el derecho a manifestar públicamente nuestra protesta contra la negativa del Consejo Nacional Electoral a respetar nuestro derecho de verificar el resultado electoral mediante el conteo ciudadano de la totalidad de los votos.

La foto actual del país refleja la anormalidad de nuestra realidad: por un lado, los órganos del Poder Público alineados a favor del candidato oficialista, recién proclamado ilegítimamente Presidente de la República. Una proclamación desesperada, impulsada por el miedo y la culpa de quienes cometieron fraude electoral y cuyas tramposerías quedarían desveladas mediante el conteo del 46% de los votos restantes. Una Asamblea Nacional cuyo presidente cercena el derecho de palabra a los diputados de oposición. Una Fuerza Armada beligerante y militante que defiende sus propios votos y destruye los votos del adversario.
Por el otro, poco más de la mitad de los electores a la que aquéllos pretenden ignorar, junto a un líder que se agiganta en cada nueva intervención pública, que en apenas diez días sumó casi un millón de electores a su propuesta, que denuncia con pruebas en la mano un sinnúmero de irregularidades y exige que se cuenten todos los votos para determinar con claridad cuál de los candidatos alcanzó la mayoría.

En respuesta, la ineptitud de un gobernante espurio incapaz de conciliar, ni siquiera de entender la crisis que se agudiza con las horas en todos los sectores del país. Un individuo sin liderazgo propio y sin autonomía, que obedece órdenes de dictadores extranjeros, y enloquecido amenaza con desatar la violencia. Un títere de los hermanos Castro que infiltra hampones entre los manifestantes pacíficos, prohíbe las protestas, criminaliza los justos reclamos y ordena opacar el ruido de las cacerolas con fuegos artificiales.

La responsabilidad de las rectoras del Consejo Nacional Electoral es aún mayor por cuanto su renuencia a admitir que se cuente la totalidad de los votos es lo que ha generado el descontento y la debacle de estos días. Tibisay Lucena se equivoca y mucho al desafiar la voluntad de la mayoría de los electores negándonos el derecho a comprobar los resultados electorales.

Si el oficialismo, incluidos los representantes de todos los poderes públicos, no cambia de actitud, le será prácticamente imposible gobernar a un país dividido y destruido por el odio, la intolerancia y la violencia.

No vale rendirse ahora

Tengo catorce años saliendo a marchar con los mismos güachicones y mi bandera en ristre cada vez que se ha convocado a una manifestación para protestar contra la revolución chavista y el socialismo, contra las medidas de este régimen, contra el autoritarismo de quien fuera su líder, contra la ilegitimidad de los actuales usurpadores del poder político, contra todo lo que ha significado violación de derechos humanos, represión política, restricciones a la libertad, fraude constitucional, violencia, impunidad e intolerancia.

Tengo catorce años recibiendo insultos, amenazas y maldiciones; escapando de los gases lacrimógenos, los perdigonazos y las balas; siendo excluida y confinada a limitadísimos espacios de participación ciudadana. Tengo catorce años tecleando incansablemente mi defensa a ultranza de la Constitución y las leyes, de la Democracia y la libertad, de los Derechos Humanos y los valores morales, de la institucionalidad y los límites del poder.

Tengo catorce años llevando palo en cada evento electoral. De 13 comicios que se han realizado, me he abstenido una vez de participar y he perdido 11 veces mi voto. Hay que ver lo que significa que a uno le apaleen el ánimo tan duro y tan seguido. Alguno podría pensar que no es una conducta normal, y que al cabo de tantos intentos fallidos mejor sería replegarse y desistir. Quien así piense no ha vivido nunca en dictadura, y por lo tanto no sabe de lo que es capaz un individuo o un pueblo por recuperar la libertad.

Tú y yo y millones de nuestros compatriotas sí lo sabemos, porque en mala hora nos ha tocado enfrentar a este monstruo de seis cabezas y tentáculos feroces contra el que hemos luchado de muchas maneras distintas, y a fuerza de votar y de perder hemos aprendido que el voto es el arma más eficaz que existe para vencerlo, aun cuando tengamos que ejercerlo en condiciones desiguales, a pesar de la dudosa imparcialidad del árbitro electoral, del ventajismo oficialista y de la intransigencia de todos los poderes públicos.

Si hemos guapeado durante catorce años, remendando la esperanza tras cada desilusión, reemprendiendo la marcha tras cada estampida, retomando la lucha tras cada derrota, no vale rendirse ahora, cuando el creador del monstruo ya no está, y lo que queda de éste es una inmensa piltrafa con seis cabezas bamboleantes picoteadas por los buitres.

Iré a votar el próximo 14 de abril con mis viejos güachicones, mi esperanza reluciente y la convicción de que esta vez, contra todo pronóstico, no perderé mi voto. Iré a votar pensando en la Venezuela que quiero y en todo lo que no quiero para ella ni para mi. Iré a votar confiando en que tú también irás, porque nadie puede hacerlo en tu lugar.

Del Golpe de 1992 al Golpe de 2013

El 4 de febrero de 1992 en la madrugada un intento de Golpe de Estado nos arrancó del sueño, nos sacó de la cama y nos plantó frente al televisor para ver cómo un grupo de militares insubordinados se habían alzado contra el Gobierno constitucional del entonces Presidente Carlos Andrés Pérez. 

Recuerdo una tanqueta subiendo los escalones de la entrada del Palacio de Miraflores; recuerdo al golpista Jessy Chacón uniformado y con boina, acostado en el suelo con un arma apuntada a su cabeza cuando lo sometieron; recuerdo haber visto las imágenes que transmitían los canales de televisión de tanques de guerra en la ciudad, soldados con fusiles, gente corriendo, carros quemándose, aviones sobrevolando la capital, muros, puertas y ventanas destrozados a tiros, personas heridas, venezolanos muertos... Recuerdo a Carlos Andrés Pérez de pie en un escenario improvisado que tenía una cortina azul al fondo, cuando se dirigió al país para decir que todo estaba ya bajo control. Y después, mucho después, todos vimos al responsable de aquella insubordinación, al responsable de aquel caos terrible, al responsable de la muerte de más de un centenar de venezolanos; todos vimos al golpista principal, un teniente coronel de nombre Hugo Chávez Frías que vestía uniforme de campaña y boina roja, y al que le permitieron hablar ante los medios de comunicación, a las puertas del Museo Militar, para decir que "lamentablemente" los objetivos que se habían propuesto no pudieron cumplirse.

Y después, en 1994, todos esos golpistas, cuyas manos quedaron manchadas con la sangre de tantos venezolanos, fueron indultados por el entonces Presidente Rafael Caldera, a quien no se le puede perdonar que haya tomado la decisión más oportunista de su vida política en pleno ejercicio del poder.

Y después, en 1998, aquel teniente coronel golpista fue electo Presidente de la República a pesar de haberse alzado contra un gobierno legítimo y contra la Constitución, a pesar de tener en sus manos -aunque no en su conciencia, porque carece de ella- la sangre de más de cien venezolanos.

Y después, entre 1999 y 2012, aquel teniente coronel golpista investido de Jefe del Estado se esmeró en dividir al pueblo y en destruir el país.

Y hoy, 4 de febrero de 2013, 21 años después, aquel militar conspirador y golpista, habiendo sido reelecto, ya no es Presidente, porque está ausente del país desde hace casi dos meses, y no tomó posesión del cargo ni se juramentó. Así, pues, que no hay gobierno en Venezuela, sino un auténtico e incuestionable vacío de poder. Quienes se han impuesto de facto para llenar ese vacío son unos cuantos civiles que el 10 de enero de este año se alzaron contra la Constitución vigente apoyados por la Fuerza Armada Nacional y por el Tribunal Supremo de Justicia, y que aun habiendo cesado en sus funciones, usurpan actualmente el poder político en forma irregular e ilegítima. Por lo tanto, todas sus decisiones son nulas, completamente nulas, absolutamente nulas, impepinablemente nulas. Pero tal parece que tamaña irregularidad le importa a poca gente. Al 55% de los venezolanos no les importa; a los mandatarios de Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Nicaragua no les importa; al Secretario General de la OEA no le importa.

Y a usted, ¿le importa?